Mirella Tonato Chica

En la era de los Millenial, Gen Z y público en general, a diario surgen temas que terminan siendo trending topic, es decir, un tema con el cual la mayoría de la sociedad se identifica o habla al respecto, un tema que es tendencia y el boom del momento…

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha exhortado constantemente a los Estados parte a emprender de manera exhaustiva, las medidas necesarias para garantizar, proteger y promover los derechos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. De este modo, la ausencia de un Estado garante que genere crisis interna, contextos de violencia y ponga en riesgo la vigencia de los derechos, no solo podría incurrir en responsabilidad internacional, sino que también, generaría que las personas acudan a organismos internacionales en búsqueda de protección como respuesta a la negligencia estatal. Así, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tenido una buena recepción por parte de las personas en la región, dado que se ha constituido como una entidad tendiente a recordarle a los Estados sus obligaciones, mantiene un constante monitoreo de la situación de los distintos países y ha otorgado diferentes mecanismos de protección a las víctimas de vulneración de derechos, con el fin de asegurar su integridad. Paralelamente, otorga mecanismos de protección como las medidas cautelares para casos de extrema urgencia y gravedad, en los que cabe analizar cuál ha sido el impacto de estas frente a la población privada de libertad en el país y su efectividad con los derechos.

El presente artículo realizará un contraste del trabajo realizado por la última Directiva a cargo del Consejo de la Judicatura frente a los estándares internacionales de derechos humanos relativos a la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales, todo esto, en el marco de la obligación internacional que tiene el Estado de aplicar el control de convencionalidad. Es así que, esta investigación pretende abordar como el ente rector de la función judicial cumplió con su deber de control de convencionalidad en materia de derechos humanos relativos a la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales, en el periodo de marzo a noviembre del 2023 en el Ecuador. De este modo, se evaluará las iniciativas emprendidas en su momento, pero desde una perspectiva teórica para, de ese modo, poder sugerir propuestas que permitan el perfeccionamiento de su gestión. Con ello, se debe tomar en cuenta que el Estado al ser garante de derechos, debe procurar desarrollar políticas públicas adecuadas, de ahí que, en este documento se sintetice aquellas políticas diseñadas para asegurar la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales, valorar su contenido y finalidad a la luz del Derecho Internacional de los derechos humanos; y, el rol de control de convencionalidad del Consejo de la Judicatura en materia de derechos humanos relativos a la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales en el mismo tiempo y espacio.

Esta investigación revisa tres casos de estudio donde el Estado ha enfrentado conflictos con individuos y sociedad civil por la construcción de megaproyectos, elaborado en el marco para el evento de Habitat III en Quito (2016). El megaproyecto es un proceso socio-espacial en el que se manifiestan múltiples racionalidades que entienden y se apropian de la obra. El Estado como un ente tecnocrático, entendido como el promotor de estas obras, tiende a apropiarse del discurso modernizador donde no se reconocen los conflictos sociales. El rol del Estado incurre en una contradicción al tener la responsabilidad de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y al mismo tiempo defender el megaproyecto. En los tres casos analizados se presenta al Estado como un promotor del mega-proyecto, como un garante de los derechos de ciudadanos, y como el ente que legalmente institucionaliza las pretensiones de opositores al proyecto.

La presente disertación busca establecer la importancia de incorporar en nuestro sistema jurídico la figura jurídica del defensor y la defensora de derechos humanos, a fin de poder comprender la relevancia que tiene su actividad dentro de una sociedad democrática y el riesgo al que se exponen por su rol, a raíz de esto, se dará análisis de manera particular, a los casos de asesinatos en el que ellas y ellos son las víctimas. Para lo cual, se propone tomar en cuenta el contexto que existe alrededor de su actividad, como elemento clave para guiar la Investigación Previa y poder determinar tanto responsabilidad como materialidad, a través de todas las diligencias que formen parte de la actuación de Fiscalía en este tipo de delitos, desarrollando a la vez una nueva pericia específica que logre identificar cuando la víctima fue defensor o defensora de derechos humanos.

El presente artículo aborda el contexto alrededor de los proyectos extractivos que se desarrollan en el Parque Nacional Yasuní, específicamente los relativos al Bloque 43 ITT, y expone un análisis tanto desde la mirada previa a las elecciones como la mirada posterior a raíz de los resultados obtenidos en las urnas. De esta manera, busca colocar en el debate diversas cuestiones relacionadas a los derechos humanos, al rol de garante que tiene el Estado y el rol reforzado que tiene frente a pueblos y nacionalidades; para ello, presenta las complejidades fácticas y jurídicas que se debe valorar por la ciudadanía y por las autoridades públicas, pues resultan elementos sustanciales para emprender un proceso de cumplimiento a lo decidido por voluntad popular de modo que este sea adecuado y efectivo para los derechos de todos y todas.