Políticas Públicas

El presente artículo realizará un contraste del trabajo realizado por la última Directiva a cargo del Consejo de la Judicatura frente a los estándares internacionales de derechos humanos relativos a la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales, todo esto, en el marco de la obligación internacional que tiene el Estado de aplicar el control de convencionalidad. Es así que, esta investigación pretende abordar como el ente rector de la función judicial cumplió con su deber de control de convencionalidad en materia de derechos humanos relativos a la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales, en el periodo de marzo a noviembre del 2023 en el Ecuador. De este modo, se evaluará las iniciativas emprendidas en su momento, pero desde una perspectiva teórica para, de ese modo, poder sugerir propuestas que permitan el perfeccionamiento de su gestión. Con ello, se debe tomar en cuenta que el Estado al ser garante de derechos, debe procurar desarrollar políticas públicas adecuadas, de ahí que, en este documento se sintetice aquellas políticas diseñadas para asegurar la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales, valorar su contenido y finalidad a la luz del Derecho Internacional de los derechos humanos; y, el rol de control de convencionalidad del Consejo de la Judicatura en materia de derechos humanos relativos a la independencia judicial, protección judicial y garantías judiciales en el mismo tiempo y espacio.

Esta investigación revisa tres casos de estudio donde el Estado ha enfrentado conflictos con individuos y sociedad civil por la construcción de megaproyectos, elaborado en el marco para el evento de Habitat III en Quito (2016). El megaproyecto es un proceso socio-espacial en el que se manifiestan múltiples racionalidades que entienden y se apropian de la obra. El Estado como un ente tecnocrático, entendido como el promotor de estas obras, tiende a apropiarse del discurso modernizador donde no se reconocen los conflictos sociales. El rol del Estado incurre en una contradicción al tener la responsabilidad de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y al mismo tiempo defender el megaproyecto. En los tres casos analizados se presenta al Estado como un promotor del mega-proyecto, como un garante de los derechos de ciudadanos, y como el ente que legalmente institucionaliza las pretensiones de opositores al proyecto.

El presente artículo aborda el contexto alrededor de los proyectos extractivos que se desarrollan en el Parque Nacional Yasuní, específicamente los relativos al Bloque 43 ITT, y expone un análisis tanto desde la mirada previa a las elecciones como la mirada posterior a raíz de los resultados obtenidos en las urnas. De esta manera, busca colocar en el debate diversas cuestiones relacionadas a los derechos humanos, al rol de garante que tiene el Estado y el rol reforzado que tiene frente a pueblos y nacionalidades; para ello, presenta las complejidades fácticas y jurídicas que se debe valorar por la ciudadanía y por las autoridades públicas, pues resultan elementos sustanciales para emprender un proceso de cumplimiento a lo decidido por voluntad popular de modo que este sea adecuado y efectivo para los derechos de todos y todas.